Ciudad de México.— El Congreso de la Ciudad de México comenzó el análisis de dos iniciativas que buscan incorporar sanciones penales contra la apología y la incitación pública al maltrato animal, en un contexto marcado por la controversia generada por las declaraciones del conductor Pedro Sola sobre el envenenamiento de perros. Las propuestas, presentadas por legisladores de Morena, plantean penas de prisión, multas económicas y nuevas agravantes para quienes promuevan actos de crueldad animal a través de medios de comunicación o plataformas digitales.
Las reformas fueron presentadas el 22 de julio de 2026 y turnadas a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino para su estudio y eventual dictaminación. Aunque ambas iniciativas comparten el objetivo de sancionar la promoción pública de la violencia contra los animales, cada una plantea mecanismos distintos para tipificar las conductas y establecer las penas correspondientes, de acuerdo con la información difundida por el Congreso de la Ciudad de México.
La primera iniciativa, impulsada por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín (Morena), propone reformar el Código Penal para establecer penas de uno a tres años de prisión y multas de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien, mediante redes sociales, televisión, radio, plataformas digitales o cualquier otro medio, incite de forma directa, expresa e inequívoca a cometer actos de crueldad animal, siempre que dicha conducta represente un riesgo real de que el delito pueda consumarse. La propuesta contempla aumentar hasta en una mitad la sanción cuando la difusión ocurra en medios masivos y también incorpora como conducta específica el maltrato mediante sustancias tóxicas, venenos o cebos envenenados.
El proyecto incorpora además una cláusula para proteger la libertad de expresión, al establecer que no constituirán delito las manifestaciones de carácter periodístico, artístico, científico, académico o de interés público, siempre que no impliquen una incitación directa a la comisión de delitos relacionados con el maltrato animal. Con ello, la iniciativa busca delimitar el alcance de la reforma frente a posibles cuestionamientos constitucionales.
Por separado, la diputada Elizabeth Mateos Hernández (Morena) presentó una iniciativa para reformar las disposiciones relativas a la provocación pública y la apología del delito. Su propuesta plantea sancionar con uno a cuatro años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien provoque públicamente la comisión de un delito o haga apología del mismo, incluido el maltrato animal, cuando éste no llegue a ejecutarse. En caso de que el delito sí se concrete, el responsable enfrentaría las sanciones previstas conforme a las reglas generales de autoría y participación del Código Penal.
La discusión legislativa se produce tras la amplia reacción pública generada por las declaraciones realizadas por el conductor Pedro Sola en un programa de televisión, donde manifestó que tenía deseos de envenenar perros y agredir a sus propietarios. Los comentarios provocaron críticas en redes sociales, la pérdida de algunos patrocinios comerciales y la presentación de denuncias penales por presunta apología del delito. A partir de este episodio, diversos medios han denominado informalmente a una de las propuestas como la «Ley anti Pedro Sola», aunque ese nombre no forma parte del contenido oficial de las iniciativas.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad jurídica cuando los mensajes públicos pueden interpretarse como una incitación a cometer delitos. Especialistas en derecho penal han señalado que cualquier reforma deberá armonizarse con los principios constitucionales y con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de libertad de expresión, evitando sancionar opiniones que no representen una incitación directa e inminente a la comisión de actos ilícitos.
Por ahora, ambas iniciativas permanecen en etapa de análisis legislativo y deberán ser discutidas en comisiones antes de ser sometidas a votación del Pleno del Congreso capitalino. En caso de ser aprobadas, representarían un nuevo endurecimiento del marco jurídico de protección animal en la Ciudad de México, donde en los últimos años se han incrementado las sanciones contra diversas formas de maltrato y crueldad hacia los animales.
