Ciudad de México, 19 de diciembre de 2023 – En un contexto donde la regulación de tarifas en estacionamientos públicos es crucial para la economía urbana, los estacionamientos del Centro Histórico y la Zona Rosa de la Ciudad de México están bajo escrutinio. A pesar de las reformas aprobadas por el Congreso de la CDMX en mayo de 2023, que otorgan a las alcaldías la facultad de establecer tarifas y responsabilizan a los estacionamientos por robos o daños, parece que algunos operadores aún no se adhieren a estas nuevas normas.

Antes de la reforma, la ausencia de una tarifa regulada permitía a los operadores establecer precios arbitrarios, a menudo en detrimento de los usuarios. Con la implementación de las nuevas regulaciones, los estacionamientos públicos tenían un plazo de 30 días para realizar los ajustes necesarios. Sin embargo, informes recientes indican que varios estacionamientos en el Centro Histórico y Zona Rosa continúan infringiendo las normas de precios.

Esta falta de cumplimiento no solo representa un desafío para la efectividad de las leyes recientes, sino que también pone en evidencia la necesidad de una vigilancia y aplicación más rigurosas. La Profeco, entidad encargada de monitorear y sancionar estas prácticas, juega un papel clave en garantizar que se respeten los derechos de los consumidores y se apliquen las tarifas justas.

Es imperativo que los usuarios estén informados sobre estas regulaciones y reporten cualquier anomalía a las autoridades correspondientes. La regulación de precios en los estacionamientos es un paso significativo para proteger a los ciudadanos de la CDMX de tarifas exorbitantes y asegurar una gestión equitativa de estos espacios públicos. El desafío actual reside en garantizar que estas normas se cumplan efectivamente y que los operadores de estacionamientos asuman su responsabilidad legal.

La situación en el Centro Histórico y la Zona Rosa destaca la importancia de la vigilancia continua y la acción ciudadana para asegurar que las leyes se respeten y que se promueva una cultura de transparencia y justicia en los servicios públicos.

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