Buenos Aires, 15 de diciembre de 2023 – La reciente administración del gobierno ultraderechista «libertario» de Javier Milei, a solo cinco días de su asunción, se encuentra en el centro de una creciente polémica. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un riguroso «protocolo para el mantenimiento del orden público» destinado a reprimir manifestaciones y bloqueos de calles, desatando una ola de rechazo por parte de organizaciones sindicales, sociales y políticos en Buenos Aires.

Este protocolo, que involucra a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario, autoriza la intervención sin orden judicial en caso de detenciones, apoyándose en la Ley de Flagrancia. Bullrich enfatizó que la fuerza empleada será «suficiente y graduada» según la resistencia encontrada, y que se coordinará según la zona del conflicto.

Además, la ministra reveló planes para presentar una propuesta de ley al Congreso que consolide estas nuevas reglas, aunque anticipó dificultades en su aprobación. El protocolo también incluye vigilancia preventiva en estaciones de trenes, incautación de materiales de protesta y la prohibición de ocultar rostros o utilizar vestimentas que impidan la identificación.

En una medida sin precedentes, el gobierno de Milei anunció que los costos vinculados a los operativos de seguridad serán facturados a las organizaciones o individuos responsables de las protestas. Para los extranjeros con residencia provisoria, la información será remitida a la Dirección Nacional de Migraciones.

Este anuncio ha generado una respuesta inmediata de diversas organizaciones, que han ratificado una marcha para el próximo miércoles 20, aludiendo a sus derechos constitucionales. Esta convocatoria coincide con el aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, marcando un momento crítico en la historia reciente de Argentina.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez ha advertido sobre la importancia de respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social, recordando que la protesta pacífica es un derecho fundamental y humano. Ante la posibilidad de persecución y detenciones, abogados y movimientos de defensa civil están preparando medidas de resguardo.

La situación se ve agravada por el contexto económico, con informes de El Destape señalando un aumento inflacionario del 13.9% en las primeras dos semanas del mes y pedidos de mayoristas para frenar los aumentos desmedidos en productos básicos como la cebolla y las papas.

La ministra Bullrich, conocida por su gestión de seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, sostiene que el protocolo es necesario para «pacificar» a Argentina y promete acciones legales contra los sindicatos involucrados en actos de desorden.

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