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Riquelme dejará Coahuila con un desastre financiero y una estela de corrupción

Ciudad de México a 2 de agosto de 2023.- Miguel Ángel Riquelme Solís concluirá su mandato como gobernador de Coahuila en noviembre, no obstante, su sucesor enfrentará un colapso económico derivado de una mala gestión financiera y actos de corrupción en el estado.

Durante el segundo semestre del año 2022, la Auditoría Superior de Coahuila (ASEC) presentó 63 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción. Estas denuncias están relacionadas con irregularidades detectadas en los ejercicios fiscales de 2017, 2018, 2019 y 2020.

La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila contempla en los artículos 70 al 74, medidas punitivas aplicables a los servidores públicos que cometan faltas administrativas graves, que abarcan suspensiones de hasta 90 días, destitución, multas económicas e inhabilitación.

Según un estudio realizado por Reporte Índigo, la Auditoría Superior presentó más de 430 denuncias penales entre 2013 y 2022 tras examinar las cuentas públicas.

Durante el año 2022, se impusieron un total de 16 multas debido al incumplimiento de los requerimientos de información emitidos por la Auditoría, así como por la ausencia de presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera y/o Cuenta Pública.

Adicionalmente, en el primer trimestre de 2023, el Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera puso al descubierto una preocupante situación: los tres poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se encontraron sin liquidez suficiente para cumplir con sus responsabilidades financieras.

“Al 31 de marzo de 2023, en término globales los poderes del estado no contaron con liquidez (0.82 pesos), dos poderes no contaron con activos circulantes suficientes para cumplir con sus compromisos a corto plazo, mientras que el restante reveló contar con capacidad de pago”, indica dicho informe.

El informe reveló que, de los 146 entes que forman parte del estado de Coahuila, nueve de ellos no fueron sometidos a evaluación. Entre estos, destacan el Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, los cuales actualmente se encuentran en proceso de extinción.

Además, tampoco se incluyeron en la evaluación el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, el Instituto Municipal de Planeación de Piedras Negras y el Instituto Municipal de Emprendimiento de Torreón.

Existen preocupaciones significativas en relación con la gestión financiera de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila y el Instituto Coahuilense de Cultura, quienes hasta ahora no presentaron avances en este ámbito. Este incumplimiento podría resultar en la imposición de multas según lo establecido en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.

Adicionalmente, se agrega la preocupante situación respecto al gobierno de Riquelme, que no pudo justificar ni comprobar la suma de 6 mil 827 millones 410 mil 053.79 pesos. Esta situación llamó la atención, ya que en noviembre se llevará a cabo la última ocasión en la que el mandatario rendirá cuentas ante el Poder Legislativo, un órgano que hasta ahora lo ha protegido.

En respuesta a las acusaciones de irregularidades y quejas, el intento de llevar el tema al Congreso fue rechazado por la mayoría priista, mientras Miguel Ángel Riquelme se acerca al final de su mandato.

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