Ciudad de México, 19 de diciembre de 2023. – El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó una ley que ha encendido el debate nacional. Esta legislación permite a la policía de Texas detener a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera de Estados Unidos y otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles abandonar el país. Esta decisión ha sido calificada por sus detractores como uno de los intentos más drásticos de un estado por controlar la inmigración desde la polémica ley de Arizona de 2010.

La nueva ley, cuya implementación podría comenzar en marzo, desafía abiertamente las competencias federales en materia de inmigración, un terreno tradicionalmente reservado al gobierno federal. La administración de Joe Biden ha sido criticada por los republicanos de Texas, quienes alegan una inacción federal frente a la inmigración ilegal. En respuesta a esta percepción, Texas ha emprendido acciones como el envío de más de 65 mil migrantes a otras ciudades del país y la instalación de alambre de púas en las orillas del río Bravo, lo cual ha resultado en lesiones a algunos solicitantes de asilo.

La ley permite a cualquier policía en Texas detener a personas sospechosas de haber ingresado al país sin documentación legal. Estas personas podrán aceptar una orden judicial para abandonar Estados Unidos o enfrentar cargos por delitos menores de entrada ilegal. La negativa a acatar esta orden podría resultar en detenciones por delitos más graves.

Expertos jurídicos han condenado la medida, definiéndola como una violación a las competencias federales. El gobierno de México también ha expresado su rechazo. Además, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos han criticado la falta de acciones por parte de la administración Biden para frenar estas medidas agresivas.

La controversia alcanzó un punto álgido cuando treinta ex jueces de inmigración de Estados Unidos, con experiencia en administraciones tanto republicanas como demócratas, firmaron una carta condenando la ley por considerarla inconstitucional. Priscilla Olivárez, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, destacó el potencial de la medida para provocar separaciones masivas de familias, instando a su anulación.

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