En un encuentro significativo en la Ciudad de Puebla, Alejandro Armenta, candidato a la gubernatura, ha puesto sobre la mesa una propuesta audaz que busca atender una de las problemáticas más sentidas por la población: la desigualdad en el acceso a la justicia. Frente a asociaciones, colegios y barras de abogados, Armenta presentó un plan de acción que pretende realizar una «reingeniería efectiva» del sistema judicial del estado, prometiendo una transformación profunda para garantizar la equidad y eliminar los privilegios que han caracterizado a la administración de justicia.
Durante el diálogo, Armenta enfatizó en la necesidad imperante de revisar y modernizar el sistema jurídico, desde las comunidades remotas en la sierra nororiental de Puebla, como San Juan Ozelonacaxtla en Huehuetla, hasta las áreas urbanas densamente pobladas. La retirada de agencias del Ministerio Público de áreas rurales ha evidenciado una brecha considerable en el acceso a la justicia, forzando a los habitantes a emprender viajes largos y tediosos para obtener servicios legales básicos.
La estrategia propuesta por Armenta busca descentralizar los servicios judiciales, los cuales, aunque han contribuido a una reducción en los índices de criminalidad en Puebla, han creado barreras significativas para que los ciudadanos ejerzan sus derechos. La visión del candidato apunta hacia un sistema de justicia accesible y eficiente, capaz de responder de manera oportuna a las necesidades de todos los poblanos, sin importar su ubicación geográfica.
Más allá de la reforma judicial, Armenta también compartió su visión para el futuro de Puebla 2024-2030, la cual incluye un fuerte enfoque en la electromovilidad, el desarrollo tecnológico y la soberanía energética, alineándose con los principios de la cuarta transformación. Esta propuesta integral busca no solo mejorar el sistema de justicia sino también posicionar a Puebla como un referente de innovación y desarrollo sostenible en México.
Con la mirada puesta en las elecciones de junio, el candidato asegura que su administración estará comprometida con el cambio y la defensa de un voto libre e informado, marcando así un precedente en la lucha contra la desigualdad y los privilegios en el estado.