El estado de Chihuahua, bajo la administración del Partido Acción Nacional, se ha posicionado en el desafortunado primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas que reportaron ser víctimas de corrupción al realizar trámites relacionados con servicios públicos. Así lo indica la Encuesta Nacional sobre Calidad e Impacto Gubernamental 2023 (Encig) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), evidenciando un grave problema en el estado.
Según el estudio, en Chihuahua, 21,891 de cada 100,000 habitantes que interactuaron con servidores públicos para gestionar algún trámite enfrentaron actos de corrupción. Esta cifra representa un alarmante 57% por encima de la media nacional, la cual se sitúa en 13,966 personas por cada 100,000 habitantes. Además, en comparación con los datos de 2021, el estado experimentó un incremento del 111% en los reportes de corrupción, mientras que a nivel nacional se observó una disminución del 5%.
La Encig-2023 también reveló que casi la mitad de la población encuestada en Chihuahua (44.4%) tuvo problemas al realizar pagos, solicitudes o cualquier tipo de diligencia atendida por servidores públicos, lo que significa un incremento significativo respecto al 27.4% reportado en 2021.
A pesar de que la percepción general sobre la corrupción en los trámites realizados el año pasado se mantiene alta en todo el país, con 60,118 personas por cada 100,000 habitantes creyendo o habiendo escuchado de casos de corrupción, la satisfacción con los servicios públicos es baja. En el 40% de los trámites realizados en 2023, la población enfrentó problemas, pero la tasa de denuncia por corrupción es prácticamente nula, con solo un 5% de casos reportados.
En cuanto al impacto económico, los actos de corrupción costaron a las víctimas un total de 11,911 millones de pesos en 2023, lo que representa un descenso del 3.1% en comparación con 2019, pero un incremento del 42.5% respecto a 2021.
A pesar de los desafíos, cerca del 96% de las personas logran obtener lo que necesitaban del servicio, aunque no sin enfrentar obstáculos como largas filas y problemas para cumplir con los trámites o para obtener un servicio. La Encig, que se lleva a cabo cada dos años, tiene el objetivo de documentar las experiencias de la población en materia gubernamental, incluyendo trámites y la percepción del combate a la corrupción por parte de los gobiernos estatales.
El levantamiento de la Encig en 2023 marca un hito al ser el primero tras la pandemia de COVID-19, registrando 402.2 millones de trámites, pagos y solicitudes de bienes públicos, la cifra más alta en la historia de la encuesta.