En septiembre del año pasado, Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, tomó una decisión contundente al anunciar la prohibición del American Bully XL. Esta medida fue una respuesta directa a una serie de ataques notorios atribuidos a esta raza de perros, que culminaron en incidentes trágicos que alarmaron a la comunidad.
Los habitantes de Inglaterra, Gales y Escocia ahora enfrentan restricciones severas: poseer un American Bully XL sin una licencia adecuada es considerado un delito penal. Dicha licencia incluye requisitos estrictos como el uso de correa y bozal, y restricciones en los lugares por donde se puede pasear al perro.
Sunak describió estos perros como «un puñado de perros mal entrenados» y enfatizó la necesidad de proteger a la comunidad, especialmente a los niños. «El perro American Bully XL es un peligro para nuestra comunidad», afirmó el primer ministro al justificar la ley que entró en vigor en febrero de 2024.
A pesar de la ley, la medida ha generado considerable controversia y oposición. Manifestaciones en las calles y reclamos en redes sociales abogan por el derecho a la tenencia de esta raza, argumentando que la agresividad no es intrínseca a todos los individuos de la raza. El United Kennel Club de Estados Unidos, por ejemplo, describe al American Bully XL como un gran perro de familia, generalmente amigable.
En caso de que un perro sea juzgado como peligroso, las autoridades pueden confiscarlo, y los dueños podrían enfrentarse a hasta seis meses de prisión si no poseen la licencia requerida. Los dueños también pueden recibir una compensación de 200 euros por la eutanasia del animal, si se determina que es necesario.
Para obtener la licencia, los propietarios deben cumplir con varios requisitos, como poseer un seguro de responsabilidad civil y haber castrado al perro. Además, deben abonar un impuesto de 94 libras.
Esta raza de perros también enfrenta prohibiciones y restricciones en otros países, incluyendo Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, mientras que la República de Irlanda impone medidas similares a las del Reino Unido.
El gobierno británico insiste en que estas medidas son esenciales para la seguridad pública. Sin embargo, el debate sobre la efectividad y la justicia de estas restricciones sigue abierto, alimentando un diálogo nacional sobre el trato adecuado y la legislación relativa a razas de perros específicas.