Celaya, Guanajuato a 2 de abril, 2024.- La violencia política en México ha alcanzado un nuevo y trágico pico con el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato. El lunes 1 de abril, en lo que marcaba el inicio de su campaña electoral, Gaytán fue atacada a balazos en la comunidad de San Miguel Octopan, un suceso que ha consternado al país y arrojado sombras sobre el proceso electoral en una de las regiones más golpeadas por la violencia.

 

Según reportes locales, el ataque ocurrió durante un mitin, un momento captado en videos que circulan en redes sociales, mostrando la brutalidad y el peligro al que se enfrentan los políticos en el ejercicio de sus funciones. La candidata había presentado su planilla de trabajo y sus propuestas de campaña, enfocándose particularmente en la seguridad, un tema crítico en Guanajuato, estado azotado por la delincuencia organizada.

 

Horas antes de su muerte, Gaytán compartió en sus redes sociales imágenes de sus actividades proselitistas con locatarios de un mercado local, promoviendo un mensaje de esperanza y cambio. “Es momento de recuperar la seguridad que tanto anhelamos para nosotros y nuestras familias”, escribió, una declaración que resuena con ironía y dolor tras su asesinato.

 

Gisela Gaytán, abogada de profesión, había transitado del PRI a Morena, buscando en 2021 la diputación local por el Distrito XVI antes de ser nombrada candidata a la alcaldía de Celaya. Su candidatura resaltaba no solo por su cambio de afiliación partidaria sino por ser la única mujer entre cinco contendientes al puesto municipal.

 

Este acto violento no solo roba a Celaya de una de sus líderes emergentes sino que también pone en relieve la peligrosa intersección de política y violencia en México. La comunidad y la clase política local y nacional están de luto, mientras se clama por justicia para Gaytán y se busca fortalecer las medidas de seguridad para los candidatos en todo el país.

 

El asesinato de Gisela Gaytán subraya la urgente necesidad de abordar la violencia que permea el proceso electoral mexicano, garantizando la seguridad de aquellos que se atreven a liderar y luchar por un futuro mejor para sus comunidades.

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